El Salvador es una república constitucional multipartidista. Las elecciones municipales y legislativas celebradas en marzo de 2015 fueron en general libres e imparciales. Sin embargo, los resultados de las elecciones se retrasaron debido a problemas con la transmisión, tabulación y difusión pública del cómputo de votos. En 2014, se celebraron elecciones presidenciales libres e imparciales.

Las autoridades civiles no pudieron a veces mantener un buen control sobre las fuerzas de seguridad.

Los principales problemas relacionados con los derechos humanos incluyeron supuestas ejecuciones ilícitas de presuntos mareros y otras personas por parte de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas por parte de personal militar, al que el gobierno enjuició; torturas por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarios; falta de respeto por parte del gobierno a la imparcialidad e independencia judicial; corrupción generalizada del gobierno; violencia de los mareros contra mujeres y niñas, así como contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; y niños sometidos a las peores formas de trabajo infantil.

Persistió la impunidad a pesar de las medidas gubernamentales para despedir y enjuiciar a algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema judicial que habían cometido abusos.

1. Privación arbitraria de la vida y otras ejecuciones ilícitas o motivadas por cuestiones políticas


En el transcurso del año, no hubo informes verificados de que el gobierno o sus agentes cometieran ejecuciones por motivos políticos. Sin embargo, se informó de la participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones ilícitas. Al 31 de agosto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) anunció que estaba investigando 13 denuncias contra la policía y cuatro contra las fuerzas armadas por ejecuciones extrajudiciales. Al 7 de septiembre, la PDDH anunció que había recibido al menos 20 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por 40 oficiales de seguridad o militares. Según la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el 6 de octubre, las fuerzas de seguridad del Estado mataron a 337 mareros durante enfrentamientos armados, en comparación con 603 en 2016. Al 30 de septiembre, los mareros habían matado a dos oficiales de policía y un soldado durante enfrentamientos armados y a otros 37 policías y 25 militares en asesinatos selectivos. En agosto, la Unidad de Asuntos Internos de la PNC informó que 38 agentes de la PNC enfrentaban cargos de homicidio: 17 por homicidio agravado, uno por femicidio, 17 por homicidio y tres por intento de homicidio.

El 29 de agosto, la Fiscalía General de la República confirmó que estaba investigando a cuatro oficiales de policía de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) que fueron arrestados el 24 de agosto después de la publicación el 22 de agosto por la revista Factum de acusaciones de que los oficiales de la FES estuvieron involucrados en la ejecución extrajudicial de tres personas, dos agresiones sexuales y al menos un acto de extorsión. El 25 de agosto, los oficiales fueron liberados porque el período de detención de 72 horas había caducado. Fueron puestos en licencia administrativa, pero regresaron al servicio activo el 12 de septiembre.

El 11 de septiembre, la PNC confirmó la detención de nueve agentes de policía acusados de homicidio agravado y ocultación derivados del presunto encubrimiento del asesinato de cinco personas en Villas de Zaragoza en febrero de 2016. Tres de los acusados eran miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), y la policía afirmó en el momento de los hechos que las muertes eran homicidios justificados. Al 13 de octubre, cinco de los acusados permanecían detenidos, y un subinspector fue puesto en libertad bajo fianza y estaba a la espera de juicio. El 14 de julio, la Fiscalía General de la República informó que realizó una recreación del tiroteo en conjunto con la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Seguían pendientes los resultados de laboratorio.

El 22 de septiembre, cinco oficiales de policía fueron absueltos de cargos de homicidio agravado en el asesinato en 2015 de un hombre en una granja en San Blas, San José Villanueva. El juez dictaminó que los fiscales no probaron cuál de los cinco oficiales fue específicamente responsable del disparo mortal y tampoco probaron que hubiera habido conspiración. El juez que presidía el juicio expurgó los nombres de los acusados, pero el 30 de agosto, la Fiscalía General de la República confirmó que todos eran miembros de la élite del GRP. La absolución tuvo lugar un día después de que el yerno del testigo principal en el caso fuera asesinado, lo que llevó al fiscal general a ofrecer a la familia una reubicación, pero el Programa de Protección de Testigos solo pudo proporcionar los servicios a cuatro de los 12 miembros de la familia. Al mes de octubre, la Unidad de Asuntos Internos de la PNC continuaba con la investigación policial.

El 15 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que estaba a la espera de los resultados de laboratorio sobre balística de las armas utilizadas por los soldados en el caso Los Pajales de 2015, relacionado con la muerte de cuatro mareros desarmados a quienes les dispararon a corta distancia.

El 14 de julio, la Fiscalía General de la República informó que la Unidad de Asuntos Internos estaba investigando el homicidio en 2015 de cuatro presuntos mareros en la finca La Paz en Cojutepeque, Cuscatlán. El 11 de octubre, la PNC presentó sus conclusiones a la Fiscalía General de la República para su evaluación.

El 20 de junio, como resultado de una investigación penal de dos años, cuatro oficiales de policía, 10 soldados y dos exmilitares fueron arrestados por su participación en al menos ocho homicidios como parte de un supuesto grupo de exterminio que operaba en San Miguel. El grupo era presuntamente responsable de homicidios por encargo y homicidios selectivos de presuntos mareros en San Miguel y estaba integrado por civiles, algunos de los cuales eran presuntos miembros de maras rivales, y miembros retirados y activos del ejército y la policía. Las detenciones de junio siguieron al arresto de cinco policías y cinco civiles por su participación en el grupo de exterminio de San Miguel en 2016. Según se informa, los fondos para el grupo de exterminio provenían de ciudadanos que viven en el extranjero. Al 13 de octubre, seguía pendiente una audiencia preliminar de pruebas.

Hasta octubre, la Inspectoría General del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública había recibido cinco denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra la policía. El 26 de julio, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP-UCA) informó que, mientras que seis de cada 10 ciudadanos creían que las autoridades debían respetar el estado de derecho, el 40% aprobaba el uso de la tortura para lidiar con los mareros, el 35% aprobaba las ejecuciones extrajudiciales y el 17% aprobaba la limpieza social.


2. Desaparición


Hubo informes sobre la supuesta participación de miembros de las fuerzas armadas en desapariciones ilegales. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el tribunal penal del municipio de Armenia, en el departamento de Sonsonate, dictaminaron que había pruebas suficientes para seguir adelante con la causa sobre la desaparición de tres hombres después de que seis soldados los detuvieran en 2014 en Armenia. En noviembre de 2016, la Sala de Primera Instancia absolvió a los acusados debido a la falta de pruebas de que los acusados hubieran forzado o reprimido a las víctimas. Inmediatamente después de la absolución, la PDDH inició una investigación sobre la misma. El 16 de enero, tras una apelación de la ONG Legal Studies Foundation y la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sostuvo que el caso de Armenia equivalía a una desaparición forzada, y la División Central de Investigaciones de la PNC se hizo cargo del caso. El 20 de abril, tras la presión de la sociedad civil, la Fiscalía General de la República reabrió el caso contra los seis soldados. El 15 de mayo, el juzgado de primera instancia de Sonsonate condenó a cinco soldados por desaparición forzada y los condenó a ocho años de prisión. Los abogados defensores de los soldados condenados presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito Oeste. El 15 de agosto, la Corte Suprema ordenó a los militares que entregaran su informe sobre las muertes de civiles a la Fiscalía General de la República, pero al 30 de octubre no había sido enviado.

El 27 de septiembre, el Presidente Sánchez Cerén puso en marcha la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado para encontrar a personas desaparecidas durante la guerra civil y reunirlas con sus familias o devolverles sus restos. La comisión estará encabezada por tres comisionados y tendrá su sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos de los comisionados serán nombrados por la sociedad civil y uno por el presidente. El presupuesto de la comisión no se incluirá en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y no se ha asignado con cargo a otra parte del presupuesto nacional. El ministerio estimó que para su primer año, la comisión requiere un presupuesto de US $250.000, que los comisionados serán responsables de recaudar.

Al 30 de agosto, la organización no gubernamental (ONG) Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda) recibió diez denuncias nuevas relativas a la desaparición de niños durante la guerra civil de 1980-1992. Pro-Búsqueda también informó que estaba investigando 979 casos abiertos y había resuelto 435 casos y determinó que en el 17% de los casos resueltos el niño había muerto. Según Pro-Búsqueda, entre 20.000 y 30.000 niños fueron adoptados durante la guerra civil, muchos de los cuales fueron desaparecidos por la fuerza.

En agosto, según la Inspectoría General del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se presentó una denuncia por desaparición forzada contra la PNC. Al 7 de septiembre, el fiscal general había abierto investigaciones sobre 12 casos de desaparición forzada durante la guerra civil de 1980-1992.


3. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


La ley prohíbe tales prácticas, pero hubo múltiples informes de violaciones. La PDDH recibió 29 denuncias de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de la PNC, las fuerzas armadas y otros funcionarios públicos. La PNC informó de que, hasta agosto, se habían presentado unas 20 denuncias contra agentes de policía por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hasta octubre, la Inspectoría General del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública había recibido 29 denuncias contra agentes de policía por presuntos tratos crueles.

Las ONG denunciaron que los funcionarios públicos, incluidos los policías, participaron en actos violentos y discriminatorios contra las minorías sexuales. Los integrantes de la comunidad lesbiana, gai, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) afirmaron que los organismos encargados de tramitar los documentos de identidad, la PNC y la Fiscalía General de la República acosaron a personas transgénero y gais cuando solicitaron tarjetas de identidad o dieron parte de casos de violencia contra personas LGBTI. La comunidad LGBTI denunció que las autoridades acosaron a personas LGBTI llevando a cabo cacheos al desnudo y cuestionando su género de manera degradante. El gobierno respondió a estas alegaciones principalmente a través de un informe de la PDDH sobre los delitos motivados por el odio contra la comunidad LGBTI que publicaba casos de violencia y discriminación contra minorías sexuales y mencionaba específicamente tres homicidios de mujeres transgénero en febrero, aunque sus homicidios estaban vinculados a la actividad de las maras.



Condiciones de las cárceles y los centros de detención



Las condiciones en las cárceles y los centros de detención siguieron siendo rigurosas y potencialmente mortales debido al gran hacinamiento, la insalubridad y las actividades de las maras.

Condiciones físicas: El hacinamiento siguió siendo una amenaza grave para la salud y la vida de los presos. Al 30 de junio, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) informó que 38.386 reclusos se encontraban en instalaciones diseñadas para 11.478 reclusos. Esto representa un aumento de la capacidad de 9.732 reclusos en 2016.

Al 21 de septiembre, la población carcelaria incluía 25.849 reclusos condenados y 12.851 en prisión preventiva. Los reclusos condenados y los detenidos en prisión preventiva a veces permanecieron en las mismas cárceles y celdas. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) también informó que, hasta julio, había encarcelados 1.155 menores condenados en sus instalaciones, 211 de los cuales estaban en espera de juicio. Entre los que se encontraban en las instalaciones del ISNA, 320 fueron encarcelados por homicidio, 254 por extorsión, 156 por delitos relacionados con drogas y 143 por pertenecer a una asociación delictiva o mara. El ISNA informó que el 4% de los menores pasaron más de 72 horas en detención inicial. Hasta julio, el ISNA informó que dos adolescentes habían sido asesinados en centros de detención de menores, presuntamente por mareros de su misma agrupación.

En muchas instalaciones eran inadecuados los servicios relacionados con saneamiento, agua potable, ventilación, control de la temperatura, atención médica e iluminación. El 3 de julio, la PDDH publicó un informe sobre las medidas extraordinarias aplicadas en las cárceles desde abril de 2016, algunas de las cuales presuntamente condujeron al abuso del derecho a la vida y el derecho a la salud de los reclusos. Las medidas extraordinarias afectaron a 14.213 reclusos alojados en siete cárceles: las penitenciarías de Izalco, Izalcón III, Quezaltepeque, Chalatenango, Ciudad Barrios, Gotera y Zacatecoluca. Estas medidas incluyeron impedir la comunicación entre los líderes reclusos de las maras y sus integrantes fuera de la cárcel, suspender toda comunicación privada y contacto con sus familias, limitar el acceso a sus abogados, y detener y aislar a los líderes mareros conocidos en prisiones de mayor seguridad. Los reclusos también estaban potencialmente restringidos a sus celdas carcelarias hacinadas durante la mayor parte del día, lo que facilitaba la propagación de enfermedades. El informe de la PDDH destacó que los casos de tuberculosis aumentaron en un 400% en el sistema penitenciario tras la aplicación de las medidas extraordinarias. La Dirección de Centros Penales informó de que, hasta agosto, había 892 reclusos infectados de tuberculosis y 19 habían muerto a causa de la enfermedad. La PDDH intervino en 2.000 casos relacionados con las condiciones carcelarias y señaló que en 2016 murieron un total de 47 reclusos, algunos de ellos por razones no especificadas.

El 22 de agosto, el viceministro de Salud, Julio Robles Ticas, anunció la creación de un comité interinstitucional para combatir las enfermedades infecciosas y contagiosas dentro de las cárceles y las celdas de detención policial. Esto fue a raíz de una declaración del 18 de agosto del ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de que hubo brotes de tuberculosis en las cárceles de Izalco, La Esperanza (conocida como Mariona), Sonsonate y San Vicente, principalmente a causa del hacinamiento. En septiembre, la PNC informó que debido al hacinamiento en las cárceles, había 5.527 detenidos en pequeños centros de detención en las comisarías de policía, que tenían una capacidad combinada de 2.102 personas. En los centros de prisión preventiva no se separaba a los detenidos enfermos de los sanos. En mayo de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la violación sistemática de los derechos humanos básicos por el hacinamiento carcelario, llamó la atención al gobierno por violar el derecho a la salud de los presos y ordenó visitas periódicas del Ministerio de Salud. El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias que construyeran cárceles nuevas y que remodelaran otras para alojar a los reclusos humanamente, y al sistema judicial que examinara las listas de reclusos con el objetivo de reducir el número de presos.

La presencia de maras en las cárceles sigue siendo elevada. Al 21 de septiembre, los centros de detención albergaban a 17.614 reclusos que eran o habían sido mareros, aproximadamente el 46% de la población carcelaria total. A pesar de las medidas extraordinarias, los reclusos realizaban actividades delictivas desde sus celdas, a veces con la complicidad de guardias y funcionarios penitenciaros. El contrabando de armas, drogas y otros artículos como teléfonos celulares y tarjetas SIM de teléfonos celulares fue un gran problema en las cárceles.

El 29 de mayo, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, fue arrestado por la supuesta mala administración de dos millones de dólares durante la tregua con las maras de 2012-13. Hernández supuestamente usó fondos de las tiendas del economato de la prisión para financiar bonificaciones, horas extras y vacaciones; dar préstamos a los empleados de la prisión; y pagar el salario del mediador de la tregua con las maras, Raúl Mijango, que se suponía que provendría del Ministerio de Defensa. El 29 de agosto, Hernández, entre otros, fue absuelto sobre la base de que la fiscalía no pudo probar la responsabilidad individual por los presuntos crímenes. El 5 de octubre, el fiscal general apeló.

Al 21 de septiembre, las autoridades de la cárcel destituyeron a 11 guardias por transportar objetos ilegales. La Dirección de Centros Penales informó que no se habían reunido datos sobre el número exacto de guardias sancionados durante el año por faltas de conducta o denuncias de violaciones de los derechos humanos. Hasta agosto, la PDDH había recibido tres denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del personal penitenciario.

No hubo información disponible relativa al abuso de personas con discapacidades en las cárceles, aunque el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) había notificado anteriormente incidentes aislados, incluso de abuso sexual.

Administración: La PDDH tiene competencia para investigar acusaciones fidedignas de condiciones inhumanas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia sobre la protección de los derechos constitucionales. En virtud de las medidas extraordinarias aplicadas en abril de 2016 y renovadas en febrero y hasta abril de 2018, los reclusos de las cárceles afectadas se encontraban en condiciones restrictivas y no podían recibir visitas, incluidas las de carácter religioso, como por ejemplo de sacerdotes.

Vigilancia independiente: El gobierno permitió que los observadores independientes de derechos humanos, las ONG y los medios de comunicación realizaran visitas a las cárceles, excepto las cárceles cubiertas por las medidas extraordinarias. La PDDH siguió vigilando todas las cárceles. Grupos religiosos, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, activistas LGBTI y otros grupos visitaron las cárceles durante el año. Después de la aplicación de las medidas extraordinarias, que limitaban la vigilancia de las cárceles afectadas, el Comité Internacional de la Cruz Roja suspendió todas las visitas a las cárceles hasta que se restablecieran las visitas a las cárceles sujetas a las medidas extraordinarias.

Mejoras: En febrero se inauguró la penitenciaría Izalco II con el objetivo de aliviar el hacinamiento en las cárceles cubiertas por las medidas extraordinarias. En agosto, un total de 2.017 reclusos se encontraban alojados en el nuevo centro después de haber sido trasladados de otras cárceles. El 4 de octubre se inauguró un nuevo centro penitenciario en Zacatecoluca con capacidad para 1.008 reclusos de población general con un régimen de seguridad mínima. El 27 de noviembre se inauguró en Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, el nuevo Centro de Detención Menor “La Esperanza”, que alberga a 275 reclusos con condenas breves transferidos de otras cárceles. Según la Dirección General de Centros Penales, las instalaciones se construyeron para albergar a 3.000 reclusos con un régimen de seguridad mínima.


4. Arresto o detención arbitrarios


Si bien la constitución prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, hubo numerosas denuncias de que la PNC y las fuerzas militares los llevaron a cabo. Hasta agosto, la PDDH había recibido 86 denuncias de detención arbitraria por parte de la policía, el ejército u otros funcionarios del gobierno. Las ONG informaron que la PNC había arrestado y detenido arbitrariamente a grupos de personas bajo sospecha de pertenecer a una mara. Según las ONG, los acusados eran condenados al ostracismo por sus comunidades a su regreso.

La ley establece el derecho a impugnar ante los tribunales la legalidad del arresto o la detención, y el gobierno suele respetar ese derecho.



Función de la policía y del aparato de seguridad


La PNC, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es responsable de mantener la seguridad pública, y el Ministerio de Defensa es responsable de la seguridad nacional. La constitución separa las funciones de seguridad pública de las militares, pero permite al presidente “disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada” para el mantenimiento de la paz interna y la seguridad pública “si se han agotado los medios ordinarios”. En 2016, el presidente Sánchez Cerén renovó el decreto que autorizaba la participación militar en funciones policiales hasta finales de 2017, orden presidencial que ha estado en vigor desde 1996.

Siguieron en funciones los tres batallones militares de reacción rápida que se crearon en 2015 para apoyar las operaciones de la PNC, cuyas tropas tienen autoridad de arresto y detención. Las fuerzas militares son responsables de proteger la frontera internacional y realizar patrullas conjuntas con la PNC. El 18 de septiembre, el gobierno lanzó la Fuerza de Tarea Vulcano, con la intención de expandir temporalmente la presencia militar en San Salvador mediante la transferencia de 320 miembros de las fuerzas armadas ya asignadas a la comisaría de policía de la capital para apoyar las funciones policiales y la instalación de puestos de vigilancia militar en varios puntos de la ciudad. Se desplegaron vehículos militares, incluidos tanques, en zonas residenciales de San Salvador. Hubo un aumento de los puestos de control de seguridad y de los registros aleatorios de los autobuses públicos.

Hubo informes de impunidad que involucraron a las fuerzas de seguridad durante el año. La eficacia de la PNC se vio limitada por capacitación inadecuada, falta de aplicación de la ley relativa a la carrera policial administrativa, ascensos arbitrarios, insuficiencia de fondos públicos, falta de aplicación eficaz de las normas probatorias, y casos de corrupción y otros delitos. La PDDH está facultada para investigar (pero no para enjuiciar) abusos de los derechos humanos y remite todos los casos relacionados con la materia a la Fiscalía General de la República.

El 3 de julio, un informe de la PDDH indicó que el número de denuncias contra policías y soldados aumentó durante los meses de abril y mayo de 2016, inmediatamente después de la aplicación de las medidas extraordinarias. La mayoría de estas acusaciones se referían a ejecuciones extrajudiciales, amenazas, malos tratos, tortura, detención ilegal e intimidación. Según el Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), ONG católica que opera principalmente como observadora de los derechos humanos, el número de policías y militares acusados de homicidio aumentó de 49 policías y 10 soldados en 2014 a 357 policías y 72 militares en 2016. El IUDOP-UCA calificó de negligencia policial los hechos de homicidio. El 26 de julio, el IUDOP-UCA informó que el 88% de los ciudadanos no denunciaron abuso directo por parte de oficiales de policía. Las denuncias de abuso y mala conducta policial provinieron con más frecuencia de los residentes de la zona metropolitana de San Salvador y, en su mayoría, de hombres y jóvenes. El fiscal general informó que el número de agentes de policía acusados de homicidio había aumentado en los tres años anteriores. Entre 2014 y 2016, más de 500 agentes de policía fueron acusados de homicidio.

Hasta octubre, la Inspectoría General había recibido 29 denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes;199 por maltrato físico, 100 por allanamiento ilegal, 11 por violencia contra la mujer (incluidos violación y abuso sexual), y cinco por ejecución extrajudicial. La Inspectoría General remitió 18 de los casos a la Fiscalía General de la República para la posible imputación penal de los sospechosos y 9 a la Unidad de Asuntos Internos de la PNC.

El 31 de agosto, la PDDH dio a conocer sus conclusiones anuales sobre la situación de los derechos humanos, en las que se afirmaba que había recibido 363 denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos, 331 de las cuales habrían sido cometidas por la PNC y el ejército.

En respuesta a un supuesto aumento de las ejecuciones extrajudiciales, en 2016, la PNC inauguró una nueva oficina de investigación interna, la Secretaría de la Responsabilidad Profesional. El órgano estaba integrado por una Unidad de Asuntos Internos encargada de investigar las denuncias penales contra agentes de policía, una Unidad Disciplinaria encargada de investigar las infracciones administrativas y una Unidad de Control encargada de hacer cumplir los procedimientos de asuntos internos y apoyar las investigaciones cuando fuera necesario.

Al 11 de septiembre, según el director de la PNC, Howard Cotto, 559 miembros de la PNC habían sido arrestados por delitos que incluían la pertenencia a grupos de exterminio. En octubre, la Inspectoría General del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que la Junta Disciplinaria había sancionado a 753 agentes de policía, 136 de los cuales fueron despedidos. El 5 de mayo, el Ministro de Defensa informó que entre 2010 y 2017, el ejército retiró a 660 soldados de sus filas debido a presuntos vínculos con mareros.

La Inspectoría General y el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional denunciaron que casi todos los agentes de la PNC, los cadetes de la academia de la policía y todo el personal militar habían recibido capacitación de concientización sobre derechos humanos, incluida la capacitación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Oficiales de policía, soldados y sus familias enfrentaron amenazas por ser blanco de homicidios y secuestros a manos de las maras. Al 30 de octubre, un total de 39 agentes de policía, 37 de los cuales estaban fuera de servicio, y 26 soldados habían sido asesinados. El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, anunció que, al 12 de octubre, tres guardias penitenciarios habían sido asesinados. El aumento de la percepción de peligro para la policía coincidió con el aumento del apoyo público a los agentes de policía. Según una encuesta realizada por La Prensa Gráfica en septiembre, el 56% de los ciudadanos tenía una opinión positiva de la PNC. En febrero, el IUDOP-UCA informó que el apoyo a la policía había aumentado en comparación con el año anterior, y que el 63% del público estaba de acuerdo en que la policía era más eficaz en comparación con el año anterior.



Procedimientos de arresto y trato de los detenidos



La constitución requiere que se expida un auto de detención por escrito, salvo en caso de flagrante delito. Las autoridades procedieron al arresto de personas con autos de detención basados en pruebas y expedidos por un funcionario debidamente autorizado. En general, la policía informó con prontitud a los detenidos sobre los cargos en su contra.

La ley permite la puesta en libertad bajo fianza cuando no es probable que se fugue el detenido o cuando la puesta en libertad no obstaculizaría la investigación. El sistema de fianza funcionó adecuadamente en la mayoría de los casos. Por lo general, los tribunales hicieron cumplir la norma que establece que la interrogación en ausencia de un abogado es coercitiva y que las pruebas obtenidas de ese modo son inadmisibles. Por ello, las autoridades de la PNC demoraron en general el interrogatorio hasta la llegada de un defensor público o un abogado. Por lo general, los detenidos tuvieron acceso a un abogado de su elección o a uno proporcionado por el estado. La constitución permite a la PNC detener a un sospechoso durante 72 horas antes de hacerlo comparecer ante un tribunal, y después de ello el juez puede ordenar que se prolongue la detención otras 72 horas para determinar si se justifica una investigación. La ley permite un máximo de seis meses para investigar los delitos graves antes de solicitar el juicio o la desestimación de la causa. En casos excepcionalmente complicados, el fiscal puede solicitar a un tribunal de apelaciones que prorrogue el plazo por un período de tres o seis meses, según la gravedad del delito. Muchas causas prosiguieron más allá del período prescrito por la ley.

Arresto arbitrario: Al 31 de agosto, la PDDH había presentado 86 denuncias de detención arbitraria o ilegal durante el año, frente a 62 en todo el año 2016.

Detención preventiva: La detención preventiva prolongada es un problema importante. Al 30 de junio, el 33% de la población carcelaria general se encontraba en detención preventiva. Los procedimientos judiciales prolongados, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la corrupción y la escasez de personal causaron demoras en los juicios. Ya que pueden pasar varios años hasta el inicio de un juicio, algunas personas permanecieron en detención preventiva más tiempo que el correspondiente a la pena máxima establecida por ley para su presunto delito. En esas circunstancias, los detenidos podían solicitar a la Corte Suprema un examen de su continua detención.

El 9 de enero, dos oficiales de policía detuvieron a Daniel Alemán por llevar una libra de marihuana. Ninguno de los 30 testigos del arresto vio la marihuana, y su abogado defensor señaló que el arresto se basó únicamente en las acusaciones de los dos policías. El 16 de marzo, la PDDH determinó que la policía detuvo ilegalmente a Alemán mediante la colocación fraudulenta de drogas ilegales para presentar cargos en su contra. El 16 de mayo, el Juzgado de Instrucción de Ilopango anuló la causa de drogas contra Alemán. Este permaneció bajo investigación en un caso separado de extorsión.


5. Denegación de juicio público imparcial


Aunque la constitución establece un poder judicial independiente, el gobierno no respetó la independencia e imparcialidad judiciales, y el poder judicial se vio agobiado por la ineficiencia y la corrupción. La Unidad de Defensoría Pública, encargada de los defensores públicos, la Fiscalía General de la República y la PDDH no contaban con recursos suficientes.

Si bien el gobierno generalmente respetaba las órdenes judiciales, algunos organismos como el Ministerio de Defensa no cooperaron con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y los jueces en reiteradas ocasiones. La Asamblea Legislativa no siempre acató los fallos de la Corte Suprema. Al 30 de octubre, la Asamblea Legislativa no había cumplido con una resolución de 2015 que establecía normas para aclarar ciertas secciones de la Ley de Partidos Políticos con respecto a las contribuciones de campaña.

Se siguió intimidando a los jueces, incluidos los miembros del Tribunal Supremo. Dos legisladores participaron en manifestaciones críticas contra los jueces, especialmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como resultado, los jueces de la Corte Suprema reforzaron su seguridad personal. El 23 de octubre, un miembro del partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) amenazó con demandar a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por presunto abuso de poder. El 17 de agosto, el Consejo de Ministros, que forma parte del poder ejecutivo, emitió una declaración pública contra la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto para 2017. Se estima que 300 personas marcharon a la Corte Suprema el 11 de mayo para protestar contra la Sala de lo Constitucional a consecuencia de una orden judicial que puso fin al uso de carriles segregados del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). A diferencia de lo que acostumbran hacer ante la mayoría de las protestas, los agentes de policía no levantaron barricadas para impedir que los manifestantes se trasladaran a la entrada principal del tribunal; estos últimos llegaron a la entrada principal y la dañaron. El diario El Mundo señaló que la PNC no intervino a pesar de las amenazas verbales contra los magistrados durante la protesta y los daños a la propiedad pública.

La corrupción del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el estado de derecho y el respeto del público por la judicatura. Al 31 de julio, la Corte Suprema había entendido en 148 causas contra jueces debido a irregularidades, 117 de los cuales permanecían en estudio; destituido a seis jueces; suspendido a otros 19; y presentado cargos formales contra 28 jueces. Entre las acusaciones contra los jueces figuraban la connivencia con elementos delictivos y el acoso sexual.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la Ley de Amnistía de 1993 por violar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la justicia y el derecho a la indemnización por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La ley otorgaba una protección general contra el enjuiciamiento penal y las penas civiles por crímenes cometidos durante la guerra civil del país (1980-92), y el fallo del tribunal sostuvo que la Asamblea Legislativa no tenía competencia para conceder una amnistía absoluta. El 19 de julio, la Sala de lo Constitucional realizó una audiencia de seguimiento de los avances logrados por diferentes sectores del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte, tales como la promulgación de una ley para garantizar una transición democrática respetuosa de los derechos humanos y la coordinación interinstitucional entre el ejecutivo y el fiscal general para mejorar la rendición de cuentas judicial por las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Al 30 de octubre, la Asamblea Legislativa no había debatido ni aprobado legislación relativa a las reparaciones o la reconciliación, y el ejecutivo no había concedido fondos suficientes al fiscal general para iniciar los procesos penales pertinentes.

El 21 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema publicó su fallo del 18 de agosto en contra de la ejecución de una orden de arresto contra 13 exmilitares acusados del homicidio en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta. El tribunal señaló que había denegado múltiples solicitudes de extradición de España en relación con el caso y, por lo tanto, no emitiría órdenes de detención adicionales basadas en la notificación roja de Interpol a pedido de España, ya que las detenciones no darían lugar a extradiciones. El 6 de abril, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó la sentencia de 30 años contra el excoronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno por su participación en los homicidios de 1989. Este fue el único acusado en prisión por los crímenes. El teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de la hija del ama de llaves en el juicio original de 1991. Mendoza no fue arrestado junto con Benavides y su paradero era desconocido, aunque se creía que estaba fuera del país.

El 2 de junio, el fiscal general emitió órdenes de arresto contra tres exguerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) presuntamente responsables de la muerte de dos ciudadanos extranjeros, el teniente coronel David H. Pickett y el técnico de aviación y soldado de primera clase Earnest G. Dawson Jr., perpetrada en Lolotique, San Miguel, tras el derribo del helicóptero que los transportaba en 1981. Las órdenes de detención se dictaron después de que la Fiscalía General de la República reabrió el 14 de febrero la investigación sobre el homicidio, a petición de la ONG derechista Colectivo Víctimas del Terrorismo en El Salvador. Dos de los guerrilleros, Ferman Hernández Arévalo (alias Porfirio) y Ceveriano Fuentes (alias Aparicio), fueron encarcelados, pero se los liberó tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993. Un tercer exguerrillero sospechoso de estar involucrado en el homicidio, Santos Guevara Portillo (alias Domínguez), nunca fue arrestado. Al 30 de agosto, no se había arrestado a ninguno de los acusados.

En septiembre de 2016, en respuesta a una petición de las víctimas, un juez emitió una orden para reabrir la investigación de la masacre de El Mozote en 1981, en la que murieron unas 800 personas durante el operativo militar “Operación Rescate”. El 29 y 30 de marzo, el juez Guzmán celebró audiencias para informar a 20 exoficiales militares acusados sobre los cargos en su contra. Dos de los acusados habían fallecido y 12 de los 18 restantes asistieron a la audiencia. Otros 11 acusados han muerto desde que el caso fue iniciado en 1991 por Tutela Legal, organización de defensa de los derechos humanos que anteriormente tenía su sede en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Las audiencias marcaron la primera vez que los acusados fueron convocados ante un órgano judicial para enfrentar acusaciones por crímenes cometidos durante la masacre. El 9 de junio, la fiscalía pidió a 11 testigos que prestaran testimonio en el juicio sobre los hechos ocurridos entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. El testimonio de los testigos continuó en septiembre y octubre. El 19 de octubre, el exgeneral Juan Rafael Bustillo, el autor intelectual acusado de la masacre, compareció ante el tribunal para escuchar los cargos en su contra. El Ministerio de Defensa no proporcionó la información solicitada por el juez que presidía el juzgado o por el fiscal y afirmó que se habían destruido todos los registros de la “Operación Rescate” o nunca había existido registro alguno, incluidos los nombres de los soldados que participaron en la operación y de sus comandantes. David Morales, representante de las víctimas, pidió al fiscal general que investigue las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa que llevaron a la conclusión de que no tenía información sobre la Operación Rescate. El 25 de octubre, la Secretaría Técnica informó que entre 2013 y 2017, el Estado pagó US $1,8 millones en concepto de restitución a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote, de los cuales 1.651 fueron identificados.

Los defensores de la sociedad civil expresaron su preocupación por la acusación falsa de homicidio y el encarcelamiento injusto de mujeres que pudieran haber tenido un aborto espontáneo o un parto de un mortinato, en virtud de la ley que prohíbe el aborto en todos los casos. El 15 de diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador denegó la apelación de Teodora del Carmen Vásquez y confirmó su sentencia de 30 años de prisión por homicidio agravado por lo que ella dijo había sido parto de un mortinato.



Procedimientos judiciales



La ley establece el derecho a un juicio público justo, y un poder judicial independiente generalmente hizo cumplir este derecho, aunque algunos jueces de primera instancia estuvieron sujetos a influencia política y económica. Si bien los procesos requirieron juicio por jurado para el enjuiciamiento de ciertos delitos, incluso la contaminación ambiental y ciertos delitos menores, los jueces decidieron en la mayoría de los casos. Conforme a la legislación, los jurados ven únicamente un grupo limitado de casos, tales como las denuncias relacionadas con el medio ambiente, que la ley no asigna a los jueces. En estos casos, después de que el jurado determina la inocencia o la culpabilidad, un panel de jueces determina la pena.

Los acusados tienen derecho a estar presentes en el tribunal, interrogar a los testigos y presentar testigos y pruebas. La constitución dispone además la presunción de inocencia, el derecho a ser informado sin dilación y en detalle sobre los cargos, el derecho a un juicio imparcial sin demora indebida, la protección contra la autoincriminación, el derecho a comunicarse con un abogado de su elección, el derecho a medios y un plazo adecuados para preparar una defensa, el derecho a no estar sujeto a coacción, el derecho a confrontar a los testigos de cargo y presentar sus propios testigos y pruebas, el derecho de apelación, y el derecho de los indigentes a un asesor jurídico suministrado por el gobierno. La judicatura introdujo los juicios por videoconferencia y otras soluciones basadas en la tecnología en las salas de audiencia con el fin de combatir la acumulación de juicios atrasados y mejorar los procedimientos judiciales.

En las causas penales, un juez puede permitir que un demandante particular participe en los procedimientos del juicio (llamando y formulando repreguntas a los testigos, proporcionando pruebas, etc.) para ayudar al fiscal. Los acusados tienen derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si no entienden español. Las autoridades no siempre respetaron esas protecciones y derechos legales. Si bien el veredicto de un jurado es definitivo, el fallo de un juez está sujeto a apelación. Los juicios son públicos a menos que un juez disponga que un juicio sea a puerta cerrada.

Al 31 de agosto, la PDDH había recibido 16 denuncias de coacción y 68 denuncias de intimidación por parte de la PNC, las fuerzas armadas y otros funcionarios públicos durante investigaciones penales o procedimientos judiciales.

La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, presta servicios de protección de testigos a víctimas y testigos. Algunos jueces denegaron el anonimato a los testigos en los juicios, y la intimidación y violencia de las maras hacia los testigos contribuyeron a un entorno de impunidad en los enjuiciamientos penales. Según el director de la PNC, Howard Cotto, al 30 de agosto había 55 personas bajo protección de testigos.



Presos y detenidos políticos

No hubo denuncias de detenidos o presos políticos.




Procedimientos y recursos judiciales civiles


La ley dispone el acceso a los tribunales y permite a los litigantes interponer demandas civiles para obtener indemnización por violaciones de los derechos humanos y también para solicitar el cese de tales violaciones. Por lo general se aplicaron las órdenes judiciales de los tribunales nacionales. La mayoría de los abogados iniciaron acciones penales y luego solicitaron una indemnización civil.



6. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia


La constitución prohíbe tales actos, y no hubo informes de que el gobierno no haya respetado estas prohibiciones.

El 5 de julio, el presidente de FUSADES declaró que, según expertos, las líneas telefónicas de la fundación habían sido interceptadas ilegalmente.

En muchos vecindarios, los grupos armados y las maras atacaron a ciertas personas, interfirieron en la privacidad, la familia y la vida familiar y crearon un clima de miedo. Los esfuerzos de las autoridades para remediar estas situaciones fueron en general ineficaces.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:




1. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa


La constitución estipula la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, y en general el gobierno respetó esos derechos. Sin embargo, durante el año hubo algunas restricciones. La ley permite al poder ejecutivo usar la cadena nacional de emergencia para interrumpir temporalmente todas las emisoras y redes de cable con el fin de transmitir programas políticos.

Libertad de prensa y de los medios de comunicación: Continuaron las acusaciones de que el gobierno tomó represalias contra miembros de la prensa por criticar sus políticas.

El 30 de junio, el presentador de noticias Rafael Domínguez, un fuerte crítico del gobierno, advirtió que su programa matutino de Canal 8, Así Estamos, fue cancelado en respuesta a la presión del gobierno sobre el canal por sus transmisiones. Aunque el programa fue cancelado inicialmente, se reanudó el 19 de julio a consecuencia de la presión de las asociaciones de periodistas y la sociedad civil.

Violencia y acoso: Después de informar sobre la violencia en el país, los contactos con periodistas informaron que habían recibido amenazas de personas que se creía que eran funcionarios del gobierno. El 24 de agosto, el periodista de la revista Factum Juan Martínez d’Aubuisson denunció la intimidación, posiblemente por parte de agentes de policía, debida a su reportaje del 22 de agosto “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía”. El artículo presentaba pruebas que condujeron a la detención de cuatro agentes de policía vinculados a homicidios extrajudiciales, abusos sexuales y extorsión. El 24 de agosto, una cuenta anónima en Twitter, supuestamente dirigida por agentes de policía, pidió la muerte de periodistas de Factum y de la revista online El Faro, similar a la muerte de Christian Poveda, periodista asesinado en 2009 por miembros de una mara tras una supuesta traición a la lealtad. El 26 de agosto, el personal de Factum también informó que cuatro personas que se hacían pasar por oficiales de la PDDH visitaron sus oficinas y preguntaron sobre el paradero de varios periodistas. El personal de Factum se puso en contacto con los periodistas, quienes posteriormente se pusieron en contacto con la PDDH, y los representantes de la PDDH confirmaron que no habían enviado a nadie.

El 30 de agosto, la PDDH pidió al fiscal general que emitiera medidas de protección para Martínez d’Aubuisson y otros periodistas de Factum. Según el periodista de Factum César Castro Fagoaga, la PNC ofreció protección policial especial, pero los periodistas la rechazaron por provenir de la policía, e insistieron en una investigación exhaustiva. Los periodistas de Factum fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República en septiembre, y el fiscal les dijo que la policía no había estado en contacto con su oficina. El 27 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección para los periodistas de Factum. Según Castro Fagoaga, al 22 de noviembre, los funcionarios del gobierno no se habían puesto en contacto para coordinar las medidas.

Censura o restricción del contenido: La publicidad del gobierno representó una parte importante de los ingresos publicitarios de la prensa, aunque no se hicieron públicos los datos exactos. Los redactores de prensa y directores de radio ocasionalmente desalentaron a los periodistas de informar sobre temas que los propietarios o empresarios de esos medios podían no ver con buenos ojos. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los medios se autocensuraron, especialmente al informar sobre las maras y el narcotráfico.

Repercusión no gubernamental: La APES señaló que los periodistas que informaban sobre las maras y el narcotráfico eran objeto de amenazas e intimidación, lo que daba lugar a la autocensura.



Libertad de acceso a internet

El gobierno no impuso restricciones ni perturbó el acceso a internet ni tampoco censuró el contenido en línea, y no hubo informes fidedignos de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que el 29% de la población usaba internet en 2016.



Libertad académica y actos culturales

No hubo restricciones del gobierno a la libertad académica ni a los actos culturales.


2. Libertad de reunión y de asociación pacíficas


La constitución estipula la libertad de reunión y asociación, y en general el gobierno respetó esos derechos, aunque hubo ocasiones en que este usó tácticas de intimidación para desalentar el ejercicio del derecho de reunión.

El 10 de enero, el Tribunal Disciplinario de la PNC despidió a cinco oficiales de policía por dirigir las protestas del sindicato Movimiento de los Trabajadores de la Policía. El caso se inició en enero de 2016, después de que más de 1.000 agentes de policía y sus familias marcharan por mejores salarios. Esta protesta policial sin precedentes se produjo a raíz de una ola de asesinatos de agentes de policía en 2015. Los agentes apelaron el despido, y el 30 de abril, una cámara de apelaciones confirmó la decisión contra cuatro de los agentes alegando que habían violado una ley que prohibía a la policía hacer huelga, y desestimó los cargos contra el quinto agente de policía, que se desempeñaba como asistente administrativo.



3. Libertad de culto


Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (International Religious Freedom Report) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.



4. Libertad de circulación


La constitución estipula la libertad de circulación dentro del país, los viajes al exterior, la emigración y la repatriación. El gobierno respetó en general esos derechos, aunque en muchas áreas no podía proporcionar a nadie libertad de circulación debido a la fuerte actividad delictiva de las maras.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias con el fin de proteger y asistir a los desplazados internos, los refugiados, los refugiados repatriados, los solicitantes de asilo, las personas apátridas y otras personas afectadas, pero no pudo facilitar servicios en muchos vecindarios controlados por las maras que estaban más necesitados.

Circulación en el país: Las maras principales tenían su propio territorio controlado. Los mareros no permitían que las personas que vivían en la zona controlada por otra mara entraran en su territorio, incluso cuando viajaban en transporte público. Las maras obligaban a las personas a presentar tarjetas de identificación (que contienen sus direcciones) para determinar dónde vivían. Si los mareros descubrían que una persona vivía en el territorio de una mara rival, esa persona corría riesgo de ser asesinada o golpeada o de que no se le permitiera entrar en el territorio. Las compañías de autobuses pagaban las tarifas de extorsión para operar dentro de los territorios de las maras, y a menudo abonaban numerosas tarifas por las diferentes zonas en las que operaban. Los costos de extorsión se pasaron a los clientes que pagaban.



Desplazados internos

No había cifras oficiales del gobierno sobre los desplazados internos. Una encuesta del IUDOP-UCA de diciembre de 2016 informó que el 5% de los ciudadanos habían cambiado su lugar de residencia debido a la delincuencia, y que el 66% cambió su lugar de residencia una vez, el 31% de dos a cuatro veces, y el 3,2% cinco veces o más. Según la encuesta, el 40,3% afirmó que podría emigrar a otro país el año siguiente. El porcentaje de personas que expresan el deseo de emigrar al extranjero es el más alto en 10 años. La encuesta también informó que el 17,2% de las personas tenían un familiar que se había visto forzado a emigrar a otro país debido a amenazas o a algún suceso violento en 2016. El ACNUR estimó que había 280.000 desplazados internos. También informó que las causas del desplazamiento interno incluían abusos, extorsión, discriminación y amenazas.

La ONG Comité Internacional de Rescate estimó que el número de desplazados era de unos 324.000, o el 5,2% de la población del país. Sin embargo, el 4 de abril, un representante del ACNUR informó que, debido a la violencia y la inseguridad, las estadísticas sobre los desplazados internos podían no ser fiables.



Protección de refugiados

Acceso al asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado, incluido el establecimiento de un sistema para proteger a los refugiados. Al 25 de agosto, el gobierno no había concedido la condición de refugiado a nadie. Hasta agosto, se habían presentado cuatro peticiones, una de las cuales había sido denegada y otras tres aún estaban siendo examinadas.